Segurata o Agente de Seguridad, (parte 1ª)

Los profesionales operativos de la Seguridad Privada probablemente formen parte de uno de los colectivos peor tratado de todo el ámbito laboral español. La mera existencia del “Segurata”, como denominación despectiva para los Vigilantes de Seguridad, es razón más que suficiente para suponer que la anterior afirmación es cierta.

La diferencia existente entre “lo oficial y lo real”, entre lo que se ve y lo oculto en el trabajo diario de los VS, debería resultar escandaloso para los mudos sindicatos, los políticos, la población en general, y sobre todo para el trabajador que pretende ser un profesional de la seguridad. Sin embargo, salvo contadas excepciones, el silencio y la resignación es la única respuesta que suele lanzarse en defensa de esta profesión, que sufre múltiples agresiones cada año.

No resulta fácil de concebir las razones por las que un colectivo laboral que gozaba del respeto social y oficial desde el siglo XIX, ha alcanzado las cotas de desprestigio que padece el sector desde el último cuarto del siglo XX. Para entender lo sucedido se hace necesario remontarse a sus orígenes y cabalgar a lomos de la desconocida historia de la Seguridad Privada en España hasta hoy.

Habitualmente se considera que el origen español de la Seguridad Privada, se remonta a 1.849. En este año, reinando S.M. la Reina Isabel, y una vez acabada la segunda Guerra Carlista, el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas junto al Ministerio de la Gobernación, aprueban el denominado “Reglamento para los Guardas Municipales y Particulares del Campo de Todos los Pueblos del Reino”.

Con esta Real Orden, quedó establecida la figura del “Guarda de Campo Jurado”, ostentando carácter de Agente de la Autoridad. La norma oficializaba, aunque no eliminaba, a los “guardas particulares”, que de manera más o menos oficiosa venían operando en todo el territorio nacional dentro de los ámbitos privados. Aquellos guardas jurados debían ser “hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que era de los demás… pues no, cuanto hay en el campo, es de todos…”

Este ideal de servicio se mantuvo durante años de manera prácticamente inamovible. Terminada la Guerra Civil de 1936-1939, el prestigio y las tareas de vigilancia del Guarda Jurado aumentaron. Como agentes de la autoridad, debían tener la nacionalidad española, ser mayores de 30 años, acreditar aptitud física adecuada, y, sobre todo, “valor acreditado, actitud cívica, y buena conducta, además de carecer de antecedentes penales”.

Los Vigilantes Jurados, como tales, aparecen definidos por primera vez en el decreto del Ministerio de la gobernación de 4 de mayo de 1946 (BOE 130/1946, de 10 de mayo). Los aspirantes, además de lo ya exigido previamente para los Guardas Jurados, debían “tener unas condiciones sociales especiales, nivel cultural… y valía en su profesión que haya quedado demostrada”. Para pertenecer a dicho servicio, tenían preferencia los miembros de la policía, la guardia civil y los militares.

Estas razones explican, en parte, el prestigio y la profesionalidad del que gozaban entre la población y las fuerzas del orden. Como consecuencia, tanto el GJ como después al VJ, se les llegó a considerar casi un policía entre la población. Un profesional con máxima respetabilidad, dado que, una vez tomada la posesión del cargo, el Vigilante Jurado, quedaba sometido a las mismas leyes militares que la Guardia Civil de la que dependía.

A comienzos de los años setenta son considerados oficialmente “Auxiliares de la Guardia Civil”. A partir del año 1.975, los acontecimientos se precipitan. La muerte de Franco. El nombramiento del Rey Juan Carlos I. La Transición. El fin del Franquismo. El referéndum por el que se aprobó la Constitución Española y, sobretodo, la aparición de la incipiente democracia, que nadie estaba seguro cuánto duraría, llenaba los pensamientos de la población española.

Meses antes de la aprobación de la Constitución, con el Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, se sustituyen todas las normas anteriores referidas a la Seguridad Privada. Se crea el servicio de “Vigilantes Jurados de Seguridad”, unificando las distintas figuras profesionales existentes. Los Vigilantes mantienen su estatus de agentes de la autoridad.

Poco tiempo después, desde la Dirección de la Policía, y algunos políticos de nueva añada, se comienza a restar importancia al trabajo del Vigilante Jurado. Por el contrario, y de forma paralela, los servicios de seguridad se extienden por las empresas, los centros comerciales, las urbanizaciones y otros ámbitos comerciales y privados.

A finales de la década de los 70 y sobre todo en los años 80, con el refuerzo de los cuerpos policiales, la seguridad privada pierde protagonismo. Que la figura del Vigilante Jurado hubiera sido favorecida, mejorada y profesionalizada por el régimen franquista, motivó una enorme campaña de descrédito desde los grupos políticos, sindicales y mediáticos de la emergente izquierda española, sobre todo desde el PSOE, el Partido Comunista, UGT y CCOO…

Y, “hasta aquí puedo leer”, como se terminaba cada pregunta de aquel legendario concurso ideado por Chicho Ibáñez Serrador, el 1-2-3… Responda otra vez.

En la segunda parte del artículo abordaré las causas del maltrato y desprecio a los VS, desde la considerada “Etapa Moderna” de la Seguridad Privada en España, hasta la actualidad.

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