Segurata o Agente de Seguridad, (parte 2ª)

Entre el golpe del 23F, y los intereses políticos y económicos de la incipiente España democrática, los Vigilantes de Seguridad fueron utilizados como armas políticas además de chivos expiatorios de una guerra sin cuartel por puro revanchismo ideológico.

Finalizaba mi anterior artículo sobre este asunto con la aprobación del Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, por el que se unificaron las distintas normativas referentes al trabajo de los Guardas y Vigilantes Jurados. Y se apuntaba que, sobre todo durante la década de los años 80, se produjo una campaña de descrédito contra el colectivo de los vigilantes, principalmente orquestado desde el PSOE, el Partido Comunista, UGT y CCOO…

Aunque hoy día pueda parecernos una cuestión paupérrima, la razón argumentada por los colectivos de la izquierda, tenía como base la posible repetición de un Golpe de Estado similar al ocurrido en 1981, más conocido por 23F. Una vez más la explicación sería muy extensa por lo que la dejaré para un futuro artículo centrado en la historia de la seguridad privada. Se pensaba que, si un gobierno de la UCD, con ascendencia en el propio franquismo, sufrió varios intentos de golpe de Estado, ¿Qué podría ocurrir con gobiernos de tendencia socialista o comunista?

En parte no iban muy descaminados con esa idea, pero sí lo estaban sobre las herramientas que se podrían utilizar contra ellos. En su ignorancia sobre la realidad del colectivo de VJ, imaginaban que estos comulgaban plenamente con los intereses políticos de las empresas. Hecho totalmente irreal. Sin embargo, la paranoia de la izquierda establecía una premisa absurda, que resultó nefasta para los trabajadores de seguridad. Se convencieron de que los vigilantes jurados actuarían o podrían ser utilizados como un “Ejército Privado” contra los partidos y los colectivos de la izquierda.

Bajo estas premisas, rápidamente comenzaron a surgir, algunas sentencias judiciales que cuestionaron el rango normativo existente desde la época del régimen franquista. Las críticas se centraron en dos aspectos principales:

1. El carácter de Agentes de la Autoridad, que ostentaba el personal juramentado desde el siglo XIX.
2. El uso habitual de las armas reglamentarias durante el servicio.

El éxito de la campaña de desprestigio, rechazo y falta de respeto hacia el trabajo de los Vigilantes Jurados de Seguridad se hizo cada vez más evidente entre la población, en bastantes ocasiones engañada, por las declaraciones «catastrofistas» de los grupos mediáticos y políticos que la alentaron. El PSOE, ante el número tan elevado de atentados terroristas y actos violentos contra la paz ciudadana, prometió durante la campaña electoral de 1989, que retiraría todas las armas “incontroladas” de la calle. La población le creyó pensando que los actos violentos y robos contra los bancos y los establecimientos privados, se eliminarían o al menos se reducirían. El PSOE de Felipe González volvió a ganar las elecciones por mayoría.

Pero todo fue un montaje publicitario para desarmar a los VJ. ¡Las armas de estos profesionales fueron las únicas que se retiraron! Precisamente las que estaban bien controladas mediante autorizaciones diarias de uso exclusivo durante el servicio. Por aquel entonces, el personal de seguridad, hacía años que no guardaba sus armas en el domicilio particular. El descrédito fue total a partir de la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, la más restrictiva de toda Europa. Hecho este que no ha variado mucho desde entonces.

En la ley 23/1992, por primera vez en casi siglo y medio, el profesional de la seguridad deja de estar supervisado por la Guardia Civil, excepto para las cuestiones del armamento reglamentario. El vigilante pierde el carácter de Agente de la Autoridad. La habilitación se separa de la licencia de armas. Desde entonces, no puede portar armas durante el servicio, excepto en casos muy concretos y escasos.

Con la misma ley, se da cuerpo legal a especialidades de vigilantes que de facto ya funcionaban. Desaparece la figura del VJ, que debía jurar/prometer el cargo ante el Gobernador Civil de cada provincia. Surge la figura del “Vigilante de Seguridad”, con sus especialidades. Se mantienen los Guardas de Campo y sus especialidades, supervisados por la Guardia Civil. También se establecieron las profesiones concretas consideradas de “Personal de Seguridad” (VS y sus especialidades; Jefe y Director de Seguridad y Detective Privado).

La formación inicial del personal de seguridad privada, principalmente para los VS y GC, deja de estar en manos de las empresas y pasan a ser impartidas por centros de formación y profesores habilitados por la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil, según los casos. Muchos vieron en esto una oportunidad de negocio personal, que no iban a dejar pasar, con la excusa de crear unos vigilantes mejor formados.

En apariencia las modificaciones deberían haber favorecido la imagen del profesional de la seguridad. Pero ocurrió todo lo contrario. Las consecuencias de las modificaciones más conflictivas, utilización del arma; la pérdida del carácter de autoridad, y la bajada en las exigencias de acceso, sobre todo morales y sociales, para el personal de nueva incorporación, resultaron ser nefastas casi de inmediato, para una profesión otrora bien reconocida y prestigiosa en bastantes ámbitos sociales. Cuestión negativa para los profesionales que aún se arrastra en nuestros días.

Alrededor de la profesión todo fueron campañas de marketing adverso. Por ejemplo, las primeras pruebas de acceso con la nueva ley, exigía a los aspirantes saber nadar con unas marcas cercanas a las olímpicas. Rápidamente fue eliminada del catálogo de pruebas físicas. La prensa y los políticos enfocaban sus críticas sobre los casos más bochornosos que sufrían los VS durante su servicio (ladrones de bancos que mandaban de paseo a los VS; sentencias en contra del profesional por la utilización de los grilletes o el arresto de delincuentes; supuestos abusos de autoridad, manejo indebido de los atributos del VS, etc, etc). Por el contrario, se ocultaba a la opinión pública cualquier noticia favorable de su trabajo en cuanto a la evitación de atracos, incendios o actuaciones en las que salvan vidas humanas.

Por lógica, con este panorama publicitario, la visión y opinión surgida entre la población no podía ser peor hacia unos VS que trabajan maniatados. Que realizan un trabajo prácticamente inútil. Considerado perfecto sólo para vagos que no podían acceder a ningún otro empleo. Un trabajo, en definitiva, que cualquiera podría hacerlo y del que se huye velozmente a la primera oportunidad.

La opinión pública, los políticos, y por desgracia, también entre el colectivo de VS, caló la idea que únicamente servía para dar aviso en caso de problemas y para reducir la cuota de los seguros de responsabilidad civil, robo e incendio, de las empresas. Sin un reconocimiento político ni laboral, clasificados dentro de los servicios generales sin cualificación, los sueldos nunca podrían representar el nivel de riesgo y de formación que poco a poco se le iba exigiendo.

El resultado psicológico y anímico del personal contratado no podía ser otro. ¿Para qué complicarse la vida intentando trabajar bien?

En la mayoría de los casos esta apreciación de la población y de los profesionales se acerca bastante a la realidad. Muchos de los antiguos Vigilantes Jurados dejaron la profesión en cuanto tuvieron la mínima oportunidad. Miles de profesionales con una aquilatada experiencia y formación se perdieron para siempre.

Con el tiempo, los organismos competentes han cambiado su visión sobre la seguridad privada. Por su parte, las empresas, al menos las principales, se han adaptado. Pero la imagen del Vigilante de Seguridad no logra mejorar. ¿Por qué?

Bien, hasta aquí por el momento. Como no hay dos sin tres, en la tercera parte, y última sobre esta cuestión, analizaré el papel de las instituciones oficiales, sobre todo del CNP y Guardia Civil. Pero también, la responsabilidad de las empresas, y cómo no, de los VS y demás profesionales de la seguridad en el mantenimiento del desprestigio de la profesión.

Hablaré de los pros y contras de la ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que se encuentra en la nevera desde la llegada del gobierno bicéfalo de PSOE-Podemos. Y, por último, expondré algunas posibles soluciones, aunque pueda molestar a más de uno. Soluciones nada fáciles de implementar, pero imprescindibles con los rápidos cambios que se están produciendo en la concepción de la seguridad privada en el siglo XXI.

^{@RafaMontilla_ RafaMontilla.Prensa}

^{(Última actualización, 24/08/2020)}