Como colofón a unas semanas de protestas callejeras, más o menos acalladas por el régimen sanchista, la mayoría de las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales de las FCSE, se unieron por primera para lanzar el mismo mensaje de protesta contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: “No a la Inseguridad Ciudadana”.
Las concentraciones del día 24, ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno de todo el país, y la multitudinaria manifestación en Madrid del 27, organizadas por la plataforma “No a la España Insegura”, es el signo más evidente de que la tranquilidad y la libertad de los ciudadanos se encuentra en grave peligro de desaparecer o ya han sido fulminadas.
En todo este baile de opiniones y manifestaciones contradictorias conviene, al menos, analizar de manera pormenorizada cada punto señalado por los organizadores de las manifestaciones, Justicia Salarial Policial (Jusapol), el sindicato Justicia Policial (Jupol), y la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), más los representantes de 40 los sindicatos y asociaciones profesionales, que se unieron a la plataforma “No a la España Insegura”.
Libre difusión de las imágenes grabadas a los agentes durante su actividad profesional. El gobierno, con Marlaska al frente, favorece que estas imágenes puedan ser publicadas en las redes, internet o la prensa “amiga”, sin tener en cuenta el consiguiente riesgo de violencia o coacciones que podrían sufrir los agentes y sus familias. Y, si ellos son desprotegidos por ley ¿cómo podrán proteger al resto de ciudadanos?
Ya no se habla de ello, pero España continúa en el Nivel 4 (de cinco) de Alerta por amenaza terrorista. Bajo esta premisa, no sólo esta reforma significa entorpecer, cuando no impedir, las actuaciones de las FCSE en aras de la protección de los ciudadanos ante agresiones y atentados terroristas. Además, la medida va en la dirección opuesta de las recomendaciones manifestadas por EUROPOL en cuanto a la “Protección de la Identidad” de los policías que debe ser garantizada por los gobiernos comunitarios, como punto fundamental para la seguridad de los agentes.
La eliminación de la Presunción de Veracidad en las declaraciones de los agentes de Seguridad del Estado. Supone de hecho poner al mismo nivel la declaración de los delincuentes y las realizadas por los agentes de las FCSE. Los atestados e investigaciones policiales dejarían de gozar de la presunción de veracidad “imprescindible” en cualquier proceso judicial. Además, la medida se encuentra íntimamente relacionada con la condición de Autoridad como garantes de la separación de los tres poderes necesarios en toda democracia (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
Resulta obvio que el fracaso del ministro Grande-Marlaska por convertir a los profesionales de la seguridad española en marionetas que bailen al son de la música de Moncloa, está detrás de esta modificación de la LSC. Los escándalos financieros que persiguen al PSOE y a Podemos, principalmente, se verían mermados si la valoración y la veracidad del trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil quedaran desacreditados antes incluso de iniciar las investigaciones llevadas a cabo.
La reducción de seis a dos horas del Tiempo Máximo de Retención para Identificación de una persona para su identificación, junto a la exigencia de devolver a dicha persona hasta el punto donde fue interceptada antes de ser trasladada a la comisaría hará imposible dicha identificación y la toma de declaración de los presuntos delincuentes o indocumentados sospechosos quizás sea la función más habitual que se lleva a cabo, sobre todo en las grandes ciudades.
Teniendo en cuenta la dispersión de las comisarías y dependencias de la Guardia Civil, junto a la enorme falta de medios, la reducción de la identificación a dos horas, es una trampa legislativa perfecta que sólo beneficia al delincuente. Pero por encima de estos, quienes saldrán más beneficiados serán los manifestantes violentos tan característicos de cualquier manifestación sindicalista, o política orquestada desde la izquierda.
¿Alguien conoce una manifestación distinta de la izquierda donde se hayan producido actos violentos contra las FSE, los ciudadanos, el mobiliario urbano y los establecimientos comerciales?
Esta idiotez legislativa obligará a las Unidades de Intervención de las FCSE a dedicar vehículos y personal al traslado «urgente» a la comisaria más cercana de los manifestantes violentos, agresores, violadores, atracadores y/o ladrones de guante más o menos blanco que sean localizados. A partir de su aprobación, las estaciones y vagones de metro de todo el país se convertirán en las zonas más inseguras del país, en auténticas zonas de guerra, dada la imposibilidad de instalar comisarías en cada estación.
En el siguiente artículo, seguiré analizando el principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático. La posibilidad de celebrar manifestaciones sin comunicación previa a la subdelegación del gobierno. Además de otras cuestiones que han pasado furtivamente entre tanta declaración de intenciones institucionales para minimizar la importancia de las últimas protestas de los agentes de las FCSE y de los ciudadanos la pasada semana.
Actualizado, 04/12/2021, 11:30 h. (Acceder a la Segunda Parte del Artículo) 
Revista Librepensadores 
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