NO A LA ESPAÑA INSEGURA 2

Como vimos en la primera parte del artículo, la plataforma “No a la España Insegura”, auspiciada en un primer momento por JUSAPOL, JUPOL y JUCIL, salieron a la calle bajo el lema “No a la Inseguridad Ciudadana”. La iniciativa estuvo arropada por más de cuarenta organizaciones de similares características, y un número nada despreciable de la población española. Aunque hubiera sido deseable una asistencia mayor, es indudable que Los participantes en la manifestación del día 27 en Madrid fueron muchos más que esos ridículos veinte mil que la delegación del gobierno ha hecho público.

Las modificaciones conocidas sobre la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, podrían conllevar aparejada una serie de consecuencias negativas, cuando no antidemocráticas, que dejarían a los miembros de las FCSE, al personal de Seguridad Privada, y a los ciudadanos, bajo el capricho de quienes tienen la violencia como modus operandi para obtener intereses partidistas, sean estos económicos, políticos o grupales.

Mucho se ha hablado estos días sobre la coacción o la eliminación del Principio de Autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático. De llevarse a cabo, esta modificación convertiría de facto al personal de la Seguridad del Estado en meros registradores de incidentes, sin capacidad de actuación real.

Por extensión, el carácter de Agente de la Autoridad de estos profesionales también se vería afectado. Bastaría contemplar lo ocurrido en su día con el personal de seguridad privada, cuando se le despojó por completo de dicha condición, para sospechar que se avecina un futuro incierto en el que acabar con la escasa independencia profesional de las FCSE democrática de nuestro país sería el principal objetivo del ministerio del interior.

Aunque no suele ser de dominio público, el Principio de Autoridad va mucho más allá de la consideración de Agentes de la Autoridad que ostentan los miembros de las FCSE. Quienes lo exhiben tienen la capacidad de “ser escuchado”, y sus palabras tenidas en cuenta por los interlocutores. Se trata pues de un principio fundamental para los funcionarios que tienen la competencia y la formación adecuada para enfrentarse a diferentes hechos, aunque éstos sean negativos, violentos, o vayan en contra de los propios intereses personales de los agentes.

En definitiva, me refiero a que estos profesionales de la seguridad, como ocurría al menos desde la Edad Media, son considerados por la sociedad como portadores del “Argumentum ad Verecundiam” (de argumento o de veracidad válida). Es cierto que, en la actualidad, esta consideración no es absoluta pues, los hechos, deben ser siempre probados por quienes los investigan, pero esta normalidad no impide que los Servidores de la Ley mantengan dicha capacidad argumentativa ante la sociedad.

Además, gracias al prestigio y a la buena reputación que mantienen los agentes de las FCSE en la sociedad española del siglo XXI, son considerados “ciudadanos de pro”, y respetados como Autoridad, más allá del título oficial que puedan ostentar por su cargo.

Todo este semblante profesional es el que corre peligro de ser eliminado de un plumazo con la reforma de la actual LSC orquestada por el gobierno de Pedro Sánchez. Supondría “encadenar y anular” operativamente a las FCSE, que vienen demostrando su imparcialidad a diario, para beneficio exclusivo de quienes cabalgan en el límite, o más allá de la legalidad, con estrechos lazos de coincidencia con personas que deberían realizar sus actuaciones públicas y sociales sin tacha.

Bajo esta misma argumentación, y a pesar de que pocos se salvan de la quema del desprestigio público, resulta difícil no pensar que las modificaciones planteadas se encuentran relacionadas de algún modo con los pasados y actuales problemas políticos, económicos y judiciales del PSOE, Podemos, y del resto de partidos y “partidetes” que están apoyando al actual gobierno de concentración de izquierdas, e independentistas.

En este escenario, se trataría de establecer la falta de credibilidad y de ética, con la eliminación de ese “Argumentum ad Verecundiam” aludido antes, con el fin de prostituir el trabajo de las FCSE, antes incluso, de iniciarse cualquier instrucción judicial que afecte dichos intereses políticos, económicos o grupales. Todo es válido para alcanzar los objetivos ingeniería social pactados.

Sobre la posibilidad de celebrar Manifestaciones Sin Comunicación Previa a la subdelegación del gobierno, la medida lleva aparejada otra trampa legislativa que acarreará, como expresé al comienzo, un aumento de la inseguridad para el ciudadano, para los miembros de las FCSE, y para el personal de la Seguridad Privada en su conjunto.

En cada manifestación anticapitalista contra determinados centros comerciales, huelgas de carácter reivindicativo o laboral, y con la utilización de los modernos escraches, hemos visto como la legalidad ha sido pisoteada por actos violentos, rotura de material urbano, escaparates rotos, piquetes intimidadores, y agresiones directas a vigilantes de Seguridad durante su trabajo.

Con estas circunstancias, los ciudadanos no han podido librarse de tales acciones violentas. Quienes acudían pacíficamente a  mítines políticos, han sido apaleados e insultados, por cometer el delito de interesarse por otras opciones políticas. En realidad, todos estos ejemplos son actos que van en contra de la propia libertad de las personas, aunque las reuniones hubieran sido supervisadas y/o autorizadas previamente.

Por lo expresado antes, resulta inaudito que, a tenor de estos antecedentes de batalla campal, el gobierno, en lugar de plantearse la minimización o eliminación de estas acciones violentas,  disminuyan la capacidad que tienen las FCSE para planificar y garantizar la seguridad del ciudadano en estos casos. Pedro Sánchez, y su ministro del interior Grande-Marlaska, han decidido favorecer la violencia callejera y empresarial, eliminando por completo las notificaciones previas y autorizando las reuniones multitudinarias sin ningún control, al tiempo que limita las actuaciones legales de las FCSE.

A los políticos, sobre todo entre quienes ostentan cargos públicos, se les suele llenar la boca de palabras grandilocuentes sobre la preocupación que sienten por la seguridad de los ciudadanos. Pues bien, aquí está la “prueba del delito” cometido. De la mentira más atroz de esos “supuestos” defensores del bienestar ciudadano. En caso de aprobarse la medida en las condiciones conocidas hoy día, la violencia podría campar a sus anchas por las calles. Los cortes de calles, las barricadas, los asaltos a establecimientos callejeros o las agresiones personales, se convertirían en la tónica habitual, siendo prácticamente imposible que puedan ser evitadas de modo preventivo por las FCSE.

En esta misma línea argumental, ya avanzada en la primera parte de este artículo, no habría ningún impedimento para que sean recuperadas actuaciones de grupos organizados típicos de tiempos pasados. Aunque no aparezca explícitamente reseñado en las modificaciones de la LSC, de facto, el gobierno estaría aprobando, autorizando o permitiendo, la reinvención de las Chekas de los años treinta, o las acciones de los cachorros de la banda terrorista ETA o Kale Borroca, típicas de los años del hierro.

Tampoco aclara el gobierno cómo garantizará la economía y la creación de empresas si, en cualquier momento, los sindicatos pueden paralizar la producción de una empresa simplemente situando los denominados eufemísticamente “piquetes informativos”, la mayoría con actuaciones coercitivas y violentas,  en los accesos de los centros de trabajo, de forma supuestamente improvisada y sin tener obligación de comunicar previamente sus intenciones a las autoridades civiles o laborales.

¿Realmente cree Pedro Sánchez que los inversores extranjeros vendrán a un país de estas características?

El gobierno no se digna explicar nada de esto. Es la patata caliente que prefiere pasar a otros, como está haciendo con la gestión de la pandemia. En este caso, el problema será endosado a las FCSE, bajo el silencio o la crítica más severa del ministro del interior, Grande-Marlaska, como viene haciendo hasta la fecha.

En España, el derecho de reunión está garantizado por la Constitución de 1978. La actual legislación únicamente establece que, aquellas reuniones o manifestaciones que puedan entorpecer la vida social, deben ser “comunicadas”, lo que no significa “autorizadas”. Ahora bien, excepcionalmente, es cierto que la celebración de alguna reunión con un número importante de asistentes en la vía pública podría ser prohibida, limitada o modificada, pero siempre bajo estrictas y objetivas razones de seguridad. 

¿Son necesarias las reformas que han suscitado tantas protestas?. Con ellas se modifican 23 de los 54 artículos de la actual ley aprobada por el PP de Mariano Rajoy en 2015. La práctica totalidad de la normativa que fue denominada “Ley Mordaza” por los partidos de la izquierda para ganarse la confianza y el apoyo del movimiento contestatario del 15M.

Tras los años transcurridos resulta evidente que dicha Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, necesita ser actualizada. Pero la reforma planteada no pretende “mejorarla” de cara a las actuales, o futuras, necesidades sociales y policiales. La redacción planteada va mucho más allá que la actual LSC en cuanto al control de los ciudadanos y la politización de las acciones policiales.

Aquí radica el principal problema. Se llevan a cabo por odio al Partido Popular y a beneficio de los partidos independentistas que han sacado a la calle grupos violentos para lograr sus intereses secesionistas. Como he expresado en otros medios, los mayores perjudicados de estas modificaciones serán los propios ciudadanos, quienes perderán todas las garantías de asistencia, apoyo y protección que les proporciona las FCSE.

Entonces… ¿Qué busca Pedro Sánchez y sus socios de gobierno con esta modificación cargada de tintes tan oscuros? Esta es la pregunta que los ciudadanos deberían hacerse antes de criticar u opinar tan a la ligera las razones por las que protestan tanto los miembros de las FCSE como los ciudadanos que se consideran partícipes de un estado libre y democrático.

(Acceso a la Primera Parte del Artículo)

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