Actividades de Seguridad Privada en Peligro de Desaparecer

De Broma a los Vigilantes a la Cruda Realidad

El personal de seguridad privada vive una realidad enquistada en el despropósito de los gobiernos, los partidos políticos, algunos sindicatos y más de una empresa del sector. Cuando se analiza su situación profesional o laboral suele caerse en la demagogia facilona y en el insulto. Una crítica exhaustiva se hace necesaria en defensa de un colectivo perdido entre el desaire, la desilusión y la confusión profesional.

Aunque con el artículo Los Vigilantes Vuelven a Ser Agentes de la Autoridad hicimos una crítica camuflada de “broma” cínica por el Día de los Santos Inocentes. La “Cruda Realidad” es que se está produciendo una bochornosa situación legal y laboral con el colectivo de la Seguridad Privada desde hace años. Y, mucho nos tememos que se continuará padeciendo en los años venideros.

Mucho se ha avanzado en la gestión, organización y control de la seguridad privada desde los organismos oficiales y las empresas del sector. Los diferentes gobiernos han legislado, la mayoría de las veces, obligados por las circunstancias, las realidades de los servicios y/o la adaptación a las imposiciones de los organismos internacionales, sobre todo de la Unión Europea.

Por su parte, las empresas de seguridad han puesto todo su empeño en la modernización tecnológica y una “supuesta” formación exigente del personal de cara a buscar nuevos nichos de negocio. Todo esto es cierto. Pero, como suele ocurrir a menudo, los grandes “olvidados” entre tanta modernización han sido los Vigilantes de Seguridad, sobre todo en cuanto a sus condiciones laborales y profesionales se refiere.

Para el propio ministro del interior Grande-Marlaska, todo lo relacionado con “la Seguridad” en mayúsculas, “le viene al pairo”. Le repele, o simplemente intenta encadenarla todo lo posible al capricho político. Lo viene demostrando con los desprecios hacia las FCSE, y con los retrasos en la publicación del Reglamento de Seguridad de la Ley 5/2015 por la pretendida modificación o eliminación de determinados artículos de esta ley. Precisamente aquellos que conceden una mayor capacidad profesional a los vigilantes.

El gobierno, a instancias del ala morada, los partidos independentistas y “bilduetarras”, tiene en proyecto “la eliminación” de toda posibilidad para que los VS sean considerados Agentes de la Autoridad, incluso cuando sean requeridos por las FCSE, o sufran agresiones durante su servicio. El proyecto de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, así lo contempla mediante la conversión del “delito de agresión”, en una simple “falta” cuando se produzca hacia los VS.

La razón que argumenta Podemos y “sus amigos”, para coartar a la seguridad privada, no puede ser más paupérrima y demagógica. Consideran que las empresas de seguridad son «fascistas», y están gestionadas por «gente de mucho dinero próxima al Partido Popular». Por estas razones, los vigilantes de seguridad han pasado de ser considerados “trabajadores desvalidos” que podían convertirse en una buena fuente de voto adoctrinado, a convertirse en una molestia que no merecen tener respaldo oficial de ningún tipo.

En cuanto a los sindicatos, sobre todo los mayoritarios, silenciados por los millones de euros que vienen recibiendo del gobierno, únicamente actúan tímidamente, cuando las circunstancias les desbordan y corren peligro las suculentas subvenciones estatales. Pocos ejemplos considerados “tabú” y que nunca se tratan en los convenios bastan para contemplar esta situación.

El caótico horario de trabajo que produce desequilibrios físicos, psicológicos, y/o trastornos del sueño. Las consecuencias físicas de unas nefastas infraestructuras y de un mobiliario totalmente inadecuado. ¿Cuántos vigilantes son abandonados en medio de las naves de logística sin un espacio adecuado para desarrollar su trabajo bajo el crudo frío o el intenso calor?

¿Cuántos controles de acceso o de vigilancia están “bellamente” amueblados a base de tableros de desecho, palets de madera, o mesas y sillas rotas? ¿Por qué el VS es el único trabajador de España sin derecho al descanso/café/comida estipulado dentro durante las largas jornadas laborales, o su compensación económica? En cuanto al tema de los habituales pluses por los turnos de trabajo, ni siquiera merece una mínima referencia o comentario sindical.

En cuanto a la jubilación del personal en este sector. Las prestaciones por Jubilación a la edad legal de los VS son de las más bajas de los sectores profesionales del país. Prestaciones que se ven mermadas en caso de solicitarse la jubilación anticipada voluntaria entre el 6% y el 8%, dependiendo de los trimestres que resten hasta la edad legal de jubilación. El sector de la seguridad privada es el que menos jubilados de forma anticipada o por contrato de relevo produce en España.

¿Cómo es posible que los actores y artistas en general puedan jubilarse antes de los 65 años, sin penalización y el personal de seguridad No?

El nuevo convenio anual para 2022, (art. 69 y 69bis), expone que se recupera la modalidad de jubilación con relevo. La duda se encuentra en conocer sí existirá otro acuerdo “oculto y secreto” para limitarlo o no aplicarlo, más allá de la publicidad, como ya se hizo anteriormente, y podría desprenderse de la Disposición Adicional Cuarta, punto II del citado convenio.

¿Por qué los sindicatos del sector no abrieron la boca cuando se conoció la intención del gobierno para alargar la vida laboral, incluyendo a los VS, hasta los 70 ó 75 años?

El sueldo base para 2022 se encuentra en “27 euros” por encima del actual SMI. Las paupérrimas subidas de los últimos convenios no pronostican una mejoría sustancial acorde a los riesgos profesionales que se asumen en los próximos años. Incluso podría ocurrir que en unos meses, con la subida del SMI prevista para este año, el sueldo base de los VS quede por debajo del mismo. Un nuevo varapalo para la nómina que conllevaría una subida de impuestos y/o la desaparición de algún que otro plus para compensar dicha modificación del SMI.

El último informe de Fiscalización de las Contrataciones de los organismos oficiales afirma que, entre 2016 y 2019, fue habitual que se ignoraran las políticas de igualdad, incumpliendo los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, «principalmente, entre los trabajadores de la seguridad privada».

Podrían escribirse varios libros con cientos de páginas sobre los desmanes laborales y legislativos que sufre el sector. El abandono de las administraciones públicas, tanto españolas como europeas, hacia el colectivo de la Seguridad Privada es evidente en este juego de cínica normalidad laboral y legislativa, en la que vive el colectivo de la Seguridad Privada.