¿Acabar con la Guardia Civil?

Rompiendo la monotonía habitual de la Sesión de Control del Gobierno, los ecos de los enfrentamientos dialécticos del pasado miércoles no logran disiparse con el paso de los días. Sus reverberaciones llenan los titulares de la prensa, entre exageraciones, medias verdades y sobreactuaciones incom-prensibles más allá del ocultamiento de la verdad.

La oposición lanzó una miríada de preguntas al ejecutivo sobre el sorpresivo cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Como en los grandes misterios, las incógnitas por esta cuestión tenían los típicos toques de secretismo, espionaje, paseos por el filo de la navaja legal y berrinche de señorito andaluz de la lírica española.

Cuentan los mentideros de barrio, entre certezas y juegos al despiste, que el jueves de la pasada semana, oficiales de la Benemérita, actuando como policía judicial a las órdenes de la juez Carmen Rodríguez-Medel, del juzgado número 51 de Madrid entregaron un informe dentro de la “Operación Sanitario”. El sumario investiga la posible prevaricación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al permitir la celebración de las manifestaciones del 8M, cuando ya se habían prohibido otras, por el peligro de contagio del COVID-19.

En la Sesión de Control al Gobierno, los diputados de la oposición preguntaron reiteradamente al ministro Marlaska sobre cuestiones sospechosas de ilegalidad y de revanchismo referidas al cese del jefe de la Comandancia de Madrid, y sobre el citado informe. Durante la tarde y noche del domingo, según las interpelaciones de los diputados Olona y Bals, los generales de la Guardia Civil Berrocal y Santafé, primero, y la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, después, requirieron del coronel Diego Pérez de los Cobos, datos sobre el informe enviado a la juez Rodríguez-Medel. También se le recriminó no haber informado previamente al Ministerio del Interior.

Como después hiciera el propio ministro Marlaska en la Sesión de Control, el coronel Cobos, contestó “yo no conozco el informe” (Marlaska dixie). Los miembros de la benemérita que lo confeccionaron, un capitán instructor y un teniente secretario, actuaron como policía judicial, y únicamente deben informar a la juez del caso. Como resultado, el coronel fue destituido por “pérdida de confianza” del ministro Marlaska.

Las consecuencias no se han hecho esperar. El martes dimitió el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, por no estar de acuerdo con el cese de su subordinado. Y la limpieza de mandos en el seno de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, ha continuado a lo largo de la semana con la destitución del propio general Fernando Santafé, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil.

Por supuesto, el informe ha sido debidamente filtrado a la prensa subvencionada. El ventilador fue puesto en marcha, ocultando las partes conflictivas, con el fin de desprestigiar al propio informe y, por supuesto, a la propia institución de la Benemérita. Esta prensa mediática afirmaba que el informe estaba manipulado y que, básicamente, copiaban artículos de OK Diario.

En realidad, las incongruencias existentes en el texto principal del informe, son resueltas, corregidas, y explicadas en anexos del mismo documento. Pero estas cuestiones fueron obviadas por TVE, el País, la Cadena Ser o el diario Público, entre otros.

El documento en sí mismo no deja en buen lugar al delegado del gobierno de Madrid y tampoco al ejecutivo de Sánchez-Iglesias. Según concluye éste, “a partir del pasado 5 de marzo no se debería haber realizado ninguna manifestación o concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19″ porque ya existía un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios”.

En cualquier caso, resulta incomprensible que, el propio ministro Marlaska, siendo juez, haya ignorado que los miembros de las FSE, actuando como policía judicial, no pueden revelar sus indagaciones bajo ninguna circunstancia si así lo ha ordenado el juez encargado del caso. Es más, el propio ministro, había establecido ese mismo nivel de exigencia y de confidencialidad en varias investigaciones antes de pasar a la política. Lo estableció con la investigación por los “chivatazos a ETA” del caso Faisán, y con el Caso del Yak-42, por poner sólo dos ejemplos. ¡Qué rápido se olvidan las cosas desde los sillones ministeriales!

¿Por qué un juez como Marlaska ha dinamitado en tan poco tiempo el prestigio que tenía cuando fue punta de lanza en la lucha contra el terrorismo?

Por desgracia, no es la primera vez que en la política española ocurren casos similares. Quizás habría que buscar las explicaciones en las propias declaraciones del ministro Marlaska durante la Sesión de Control cuando afirmó que era “progresista” y que está “encantado de pertenecer” al gobierno progresista de Sánchez.

Siempre pensé que los jueces debían ser IMPARCIALES por encima de sus preferencias personales. También creía que los ministros son servidores públicos de toda la población. Esa imagen impoluta que los ciudadanos pueden utilizar como guía de comportamiento social. En fin, la vena de la inocencia juvenil debe haber nublado mi mente por unos instantes mientras la pluma se deslizaba por el blanco papel.

Resulta evidente que el Gobierno ha emprendido una cruzada contra una Benemérita que, sin dejarse presionar ni amilanar, tiene el cumplimiento del deber y de la legalidad vigente como estandarte de sus actuaciones. Sin embargo, la cuestión más grave de todo este asunto es la muestra palpable de que este ejecutivo “sanchista-podemita” y algunos ministros del mismo, están dispuestos a incumplir la ley para beneficio propio. Que no se amilanan en obligar a los funcionarios bajo sus órdenes a que la incumplan. A exigir, en definitiva, una obediencia ciega al partido y al gobierno.  

Pedro Sánchez, asumiendo los preceptos de Pablo Iglesias, como viene asumiendo hasta ahora, existe una «policía patriótica». Insinúa, nada menos, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan al margen de la ley y de la Constitución.

Lamentablemente, para los ciudadanos de todo el país, significa que la separación de poderes en nuestro país no está en peligro. Sencillamente, “Ya no existe”. Y un sistema de gobierno de estas características sólo tiene un nombre y un apellido. Dictadura Totalitaria. Y en este escenario, en esta “Nueva Normalidad”, puede que “saldremos bien”, pero indudablemente, la Guardia Civil sobra.

27 de mayo de 2020.

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