El presupuesto de la Seguridad Social lleva años tocado en su línea de flotación. Necesita nuevas vías de ingresos que permitan mantener los fastos de opulencia gubernamental. Y los trabajadores por cuenta propia, olvidados en los momentos de exuberancia económica, son colocados en la diana con mayores posibilidades de acierto. Pero, cuando la realidad despierta, las necesarias reformas no son tan fáciles de manejar, como se pretende desde el gobierno.

Con estas premisas, el pasado mes de enero se publicó en el BOE la «Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021». En el mismo, el gobierno especifica que se llevará a cabo una mayor vigilancia fiscal y legislativa «en aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas».

Resulta obvio que de manera tácita el gobierno ha puesto el punto de mira en las actividades comerciales de los trabajadores por cuenta propia. De modo sutil pero evidente, al referirse a las transacciones en efectivo, no deja pasar la oportunidad para afirmar que, dichas operaciones, están «muy vinculadas a la economía sumergida», en un claro intento de justificar la retahíla de medidas que pretende el ejecutivo llevar a cabo para recaudar más mediante una subida masiva de impuestos para los autónomos como no se ha visto en toda la historia económica del país.

Pero una subida de impuestos, aunque sea retorciendo las condiciones laborales de los autónomos, no es fácil de llevar a cabo por mucho que se pretendan esconder entre las oscuras bambalinas del teatro político. De los dos tramos actuales de cotización se pretende pasar a 13 nuevos tramos de cotización, que irían desde los 90 a los 1220 euros al mes. Con los datos proporcionados por el propio ministerio, es cierto que una parte importante de los autónomos verían sustancialmente reducida su cuota mensual. Pero no se hace tanta publicidad en que un tercio vería incrementada su cuota hasta cinco veces más de la actual.

El otro tercio de los autónomos, verían sus impuestos disparados aún más al ser considerados «autónomos ricos», hasta igualar, y en ocasiones superar, las cotizaciones de muchas empresas. A estas cuestiones habría que añadir el trato que recibiría el “nuevo” autónomo en función de su clasificación. ¿Seguirán existiendo las diferentes modalidades de autónomos de hoy día? Sus condiciones profesionales, laborales y económicas distan mucho de ser igualitarias, en tiempo y forma, como cualquier autónomo conoce muy bien.

En medio de la polémica por la subida de impuestos, Cuatro cuestiones, nada baladíes, están pasando prácticamente desapercibidas en las declaraciones oficiales. ¿Qué considera el gobierno como «ingresos reales» de los autónomos?, ¿Cómo considera ese supuesto «Ingreso Real»?, ¿Se refiere al Ingreso Neto de los trabajadores asalariados? O bien, ¿Qué considera “Gasto” para un autónomo? Demasiadas dudas y demasiadas prisas por aumentar la recaudación a toda costa, es la conclusión más evidente a la que se llega.

El Plan que el Gobierno de Pedro Sánchez, enviado a Bruselas, contempla medidas, supuestamente, para combatir el fraude fiscal. Una de las formas con las que Hacienda pretende aumentar su recaudación es, como hemos visto, aplicando un mayor rastreo sobre el dinero en efectivo. Pero, el ejecutivo, temeroso de las reacciones sociales y profesionales, pretende camuflar la subida impositiva a los autónomos bajo el eufemismo y la falacia de llevarlo a cabo «por el bien de los trabajadores por cuenta propia».

Si hemos de creer al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de momento «no hay nada decidido». Las asociaciones de autónomos se encuentran a caballo entre la esperanza, la incredulidad y la sorpresa. Afirman que se mantienen las conversaciones con el ejecutivo, pero las informaciones que, de poco en poco se filtran, de manera interesada a la prensa, poco o nada tienen que ver con lo tratado en las reuniones con el ministerio de Escrivá.

De momento, tan sólo tenemos tres certezas. De un lado, el ámbito de los profesionales por cuenta propia necesita una profunda revisión y actualización de “su” realidad económica, comercial y empresarial. La temporalidad y la inseguridad son los dos principales aspectos a los que se enfrentan los autónomos, y esto es ignorado en las reformas planteadas por el ministro Escrivá. Y tercero, la solución a la bancarrota de un gobierno que se niega a llevar a cabo profundas rebajas en su “desorbitada casa”, no puede pasar por la subida indiscriminada de los tramos impositivos de unos profesionales, que conforman el mayor colectivo empresarial del país, por delante de muchos sectores industriales.