Segurata o Agente de Seguridad, (parte 2ª)

Entre el golpe del 23F, y los intereses políticos y económicos de la incipiente España democrática, los Vigilantes de Seguridad fueron utilizados como armas políticas además de chivos expiatorios de una guerra sin cuartel por puro revanchismo ideológico.

Finalizaba mi anterior artículo sobre este asunto con la aprobación del Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, por el que se unificaron las distintas normativas referentes al trabajo de los Guardas y Vigilantes Jurados. Y se apuntaba que, sobre todo durante la década de los años 80, se produjo una campaña de descrédito contra el colectivo de los vigilantes, principalmente orquestado desde el PSOE, el Partido Comunista, UGT y CCOO…

Aunque hoy día pueda parecernos una cuestión paupérrima, la razón argumentada por los colectivos de la izquierda, tenía como base la posible repetición de un Golpe de Estado similar al ocurrido en 1981, más conocido por 23F. Una vez más la explicación sería muy extensa por lo que la dejaré para un futuro artículo centrado en la historia de la seguridad privada. Se pensaba que, si un gobierno de la UCD, con ascendencia en el propio franquismo, sufrió varios intentos de golpe de Estado, ¿Qué podría ocurrir con gobiernos de tendencia socialista o comunista?

En parte no iban muy descaminados con esa idea, pero sí lo estaban sobre las herramientas que se podrían utilizar contra ellos. En su ignorancia sobre la realidad del colectivo de VJ, imaginaban que estos comulgaban plenamente con los intereses políticos de las empresas. Hecho totalmente irreal. Sin embargo, la paranoia de la izquierda establecía una premisa absurda, que resultó nefasta para los trabajadores de seguridad. Se convencieron de que los vigilantes jurados actuarían o podrían ser utilizados como un “Ejército Privado” contra los partidos y los colectivos de la izquierda.

Bajo estas premisas, rápidamente comenzaron a surgir, algunas sentencias judiciales que cuestionaron el rango normativo existente desde la época del régimen franquista. Las críticas se centraron en dos aspectos principales:

  1. El carácter de Agentes de la Autoridad, que ostentaba el personal juramentado desde el siglo XIX.
  2. El uso habitual de las armas reglamentarias durante el servicio.

El éxito de la campaña de desprestigio, rechazo y falta de respeto hacia el trabajo de los Vigilantes Jurados de Seguridad se hizo cada vez más evidente entre la población, en bastantes ocasiones engañada, por las declaraciones «catastrofistas» de los grupos mediáticos y políticos que la alentaron. El PSOE, ante el número tan elevado de atentados terroristas y actos violentos contra la paz ciudadana, prometió durante la campaña electoral de 1989, que retiraría todas las armas “incontroladas” de la calle. La población le creyó pensando que los actos violentos y robos contra los bancos y los establecimientos privados, se eliminarían o al menos se reducirían. El PSOE de Felipe González volvió a ganar las elecciones por mayoría.

Pero todo fue un montaje publicitario para desarmar a los VJ. ¡Las armas de estos profesionales fueron las únicas que se retiraron! Precisamente las que estaban bien controladas mediante autorizaciones diarias de uso exclusivo durante el servicio. Por aquel entonces, el personal de seguridad, hacía años que no guardaba sus armas en el domicilio particular. El descrédito fue total a partir de la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, la más restrictiva de toda Europa. Hecho este que no ha variado mucho desde entonces.

En la ley 23/1992, por primera vez en casi siglo y medio, el profesional de la seguridad deja de estar supervisado por la Guardia Civil, excepto para las cuestiones del armamento reglamentario. El vigilante pierde el carácter de Agente de la Autoridad. La habilitación se separa de la licencia de armas. Desde entonces, no puede portar armas durante el servicio, excepto en casos muy concretos y escasos.

Con la misma ley, se da cuerpo legal a especialidades de vigilantes que de facto ya funcionaban. Desaparece la figura del VJ, que debía jurar/prometer el cargo ante el Gobernador Civil de cada provincia. Surge la figura del “Vigilante de Seguridad”, con sus especialidades. Se mantienen los Guardas de Campo y sus especialidades, supervisados por la Guardia Civil. También se establecieron las profesiones concretas consideradas de “Personal de Seguridad” (VS y sus especialidades; Jefe y Director de Seguridad y Detective Privado).

La formación inicial del personal de seguridad privada, principalmente para los VS y GC, deja de estar en manos de las empresas y pasan a ser impartidas por centros de formación y profesores habilitados por la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil, según los casos. Muchos vieron en esto una oportunidad de negocio personal, que no iban a dejar pasar, con la excusa de crear unos vigilantes mejor formados.

En apariencia las modificaciones deberían haber favorecido la imagen del profesional de la seguridad. Pero ocurrió todo lo contrario. Las consecuencias de las modificaciones más conflictivas, utilización del arma; la pérdida del carácter de autoridad, y la bajada en las exigencias de acceso, sobre todo morales y sociales, para el personal de nueva incorporación, resultaron ser nefastas casi de inmediato, para una profesión otrora bien reconocida y prestigiosa en bastantes ámbitos sociales. Cuestión negativa para los profesionales que aún se arrastra en nuestros días.

Alrededor de la profesión todo fueron campañas de marketing adverso. Por ejemplo, las primeras pruebas de acceso con la nueva ley, exigía a los aspirantes saber nadar con unas marcas cercanas a las olímpicas. Rápidamente fue eliminada del catálogo de pruebas físicas. La prensa y los políticos enfocaban sus críticas sobre los casos más bochornosos que sufrían los VS durante su servicio (ladrones de bancos que mandaban de paseo a los VS; sentencias en contra del profesional por la utilización de los grilletes o el arresto de delincuentes; supuestos abusos de autoridad, manejo indebido de los atributos del VS, etc, etc). Por el contrario, se ocultaba a la opinión pública cualquier noticia favorable de su trabajo en cuanto a la evitación de atracos, incendios o actuaciones en las que salvan vidas humanas.

Por lógica, con este panorama publicitario, la visión y opinión surgida entre la población no podía ser peor hacia unos VS que trabajan maniatados. Que realizan un trabajo prácticamente inútil. Considerado perfecto sólo para vagos que no podían acceder a ningún otro empleo. Un trabajo, en definitiva, que cualquiera podría hacerlo y del que se huye velozmente a la primera oportunidad.

La opinión pública, los políticos, y por desgracia, también entre el colectivo de VS, caló la idea que únicamente servía para dar aviso en caso de problemas y para reducir la cuota de los seguros de responsabilidad civil, robo e incendio, de las empresas. Sin un reconocimiento político ni laboral, clasificados dentro de los servicios generales sin cualificación, los sueldos nunca podrían representar el nivel de riesgo y de formación que poco a poco se le iba exigiendo.

El resultado psicológico y anímico del personal contratado no podía ser otro. ¿Para qué complicarse la vida intentando trabajar bien?

En la mayoría de los casos esta apreciación de la población y de los profesionales se acerca bastante a la realidad. Muchos de los antiguos Vigilantes Jurados dejaron la profesión en cuanto tuvieron la mínima oportunidad. Miles de profesionales con una aquilatada experiencia y formación se perdieron para siempre.

Con el tiempo, los organismos competentes han cambiado su visión sobre la seguridad privada. Por su parte, las empresas, al menos las principales, se han adaptado. Pero la imagen del Vigilante de Seguridad no logra mejorar. ¿Por qué?

Bien, hasta aquí por el momento. Como no hay dos sin tres, en la tercera parte, y última sobre esta cuestión, analizaré el papel de las instituciones oficiales, sobre todo del CNP y Guardia Civil. Pero también, la responsabilidad de las empresas, y cómo no, de los VS y demás profesionales de la seguridad en el mantenimiento del desprestigio de la profesión.

Hablaré de los pros y contras de la ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que se encuentra en la nevera desde la llegada del gobierno bicéfalo de PSOE-Podemos. Y, por último, expondré algunas posibles soluciones, aunque pueda molestar a más de uno. Soluciones nada fáciles de implementar, pero imprescindibles con los rápidos cambios que se están produciendo en la concepción de la seguridad privada en el siglo XXI.

@RafaMontilla_ RafaMontilla.Prensa

(Última actualización, 24/08/2020)

2 comentarios

  1. Haber una apreciacion, nunca hicimos pruebas de natacion en las primeras convocatorias para vigilantes de seguridad,segunda apreciacion fue la Direccion General de la Policia la que promovio el desprestigio continuado a traves del SUP ( Sindicato Unificado de Policia ) y por ahora tambien encabezado por el inspector de policia CNP por Jose Maria de Benito, cuando yo empece de vigilante jurado alla por el año 1989, conoci a compañeros que venian de la policia, guardia civil y algunos policias locales que se pasaban a la seguridad privada porque se ganaba mas aunque eso nos querian hacer creer, lo que la realidad era es que se filtraban por aquellas empresas de seguridad de aquel entonces llevandose los revolveres a sus casas, para luego llevarselos de marcha por las discotecas, pubs, putiferios y demas establecimientos de ocio nosturno y asi protagonizar altercados de tal calibre todo ello orquestado por el SUP, que incluso en año 1992 el Sr. Corcuera Jose Lui ministro del interior tuvo que sacar la ley de seguridad privada 23/1992 del 30 de julio, en la cual nos quitaban las armas de fuego en mas del 95% , retirada total y absoluta del caracter de agente de la autoridad, con la llegada de la nueva ley de seguridad privada 5/2014 del 4 de abril, en la aumentaban nuestras competencias a servicios de seguridad en espacios de titularidad publica y sin embargo no aumentaba nuestra nula autoridad, de ahi vino la sucesion de muchas agresiones, heridos y muertos a nuestros compañero en el desempeño de sus funciones durante el seevicio y asi seguimos a dia de hoy y cada vez peor, por favor ajustense a la realidad, no mientan…

    Ernesto Fuster
    Vigilante de Seguridad
    TIP 38027
    Antiguo vigilante jurado
    Con numero de placa VJ 63793

    1. Tiene razón en sus apreciaciones, pero tengo que hacer unas matizaciones:
      1.- ¿en qué he mentido?. Como es habitual Sí que se realizaron unas primeras pruebas de natación a modo de ensayo. Presenté varios vigilantes a ellas y sólo uno las pasó. Por las razones que apunto en el artículo, la prueba se eliminó de las siguientes convocatorias.
      De igual modo, con la ley de 1992, en algunas provincias, por ejemplo en Málaga, se pusieron en funcionamiento unas TIP, similares a las actuales, a modo de ensayo en las que los VS aparecían como «Auxiliares del CNP» debajo del título Dirección General de la Policía y a la derecha del logo del Gobierno de España y del Ministerio del Interior. También se prepararon unas placas similares a las del CNP, pero con la leyenda «Seguridad Privada». Las tuve en mis manos durante una reunión en la Dirección General en Madrid, pero nunca se llegaron a poner en circulación. En el último momento, después de estar ya fabricadas, sorpresivamente, se cambiaron por las galletas de aparcacoches, precisamente por la presión del mismo sindicato a que se refiere. Si puede conseguir el primer borrador de aquella ley podrá comprobar lo que digo. Tiempo después encontré que se vendían en las tiendas de recuerdo de la estación de Chamartín en Madrid, más caras que el precio oficial para los vigilantes.

      2.- En cuanto a los instigadores directos, usted acusa al SUP y al ministro Corcuera, pero como creo haber expresado en los dos artículos, y en MI OPINIÓN, los instigadores directos no fueron los sindicatos, aunque el más activo fuera el SUP. La campaña se orquestó desde la presidencia del gobierno e instancias ministeriales, Corcuera, con el apoyo de los sindicatos.
      Y voy más allá. sospecho que hoy día está ocurriendo algo similar. ¿A que no sale el reglamento de la ley 2014 porque se va a preparar otra ley en la que se eliminen las partes no deseadas por la izquierda? Pablo Iglesias, ya lo ha dejado muy claro. Quiere, no sólo eliminar la ampliación de servicios sino también modificar la ley de enjuiciamiento penal para que los VS no puedan ser considerados Autoridad, ni siquiera actuando bajo las directrices y a las órdenes de las FCSE.

      Tenga en cuenta que estos artículos, aunque extensos son generalistas, y no siempre es posible detenerse en el dato concreto, pues alargaría muchísimo más cada parte haciéndolo casi imposible de leer.
      Para finalizar, yo tenía la tarjeta de Vigilante Jurado nº GU-827,expedida por la D.G. de la Guardia Civil. Como recordará, los VJ tenían el número oficial de nombramiento en esta tarjeta. La placa verde llevaba otro número distinto, que correspondía exclusivamente al registro de fabricación, y que podía variar si volvía a solicitarse una nueva por pérdida, sustracción o deterioro, mientras que el número de la tarjeta de cartulina nunca cambiaba. De hecho, la identificación oficial del VJ, en cualquier trámite era preceptivo que llevara reflejados los dos números.

      Gracias por su extenso comentario.

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